Luego del fuerte cruce judicial que paralizó el acceso al proyecto minero Vicuña, el Gobierno de La Rioja dio un giro en su estrategia y avanzó en un entendimiento con la empresa para intentar destrabar la situación.
Ambas partes presentaron en conjunto un pedido ante la Justicia para que se suspendan, de manera provisoria, los efectos de la medida cautelar que impedía el tránsito hacia el yacimiento.
La solicitud fue elevada ante la Cámara con sede en Chilecito, con el objetivo de frenar momentáneamente las restricciones mientras continúan las negociaciones.
Desde Fiscalía de Estado (La Rioja) confirmaron que la iniciativa apunta a “congelar” el impacto de la resolución judicial que había bloqueado una traza clave de unos 140 kilómetros dentro del territorio provincial.
Pese a este avance, las limitaciones en el camino no se levantarán de inmediato. Las autoridades aclararon que el control policial seguirá vigente hasta que haya una definición por parte del tribunal sobre el planteo presentado.
El Ejecutivo provincial dejó en claro que el aval definitivo al desarrollo del proyecto dependerá de una serie de condiciones. Por ejemplo, la incorporación de trabajadores locales, la prioridad para proveedores de la región del Valle del Bermejo y una mayor participación de La Rioja en los beneficios económicos que reditúe el proyecto.
El trasfondo del conflicto radica en el peso territorial de la provincia en el desarrollo del emprendimiento ya que cerca del 80% del camino de acceso al yacimiento se encuentra dentro de sus límites.
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