Investigación del Ministerio Público Fiscal, permitió la detención y condena de un hombre por el delito de GROOMING

El trabajo articulado entre la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Informáticos y Estafas del Ministerio Público Fiscal de San Juan y el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires permitió identificar, rastrear y condenar a un joven acusado de grooming y tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI), en una investigación que se originó a partir de una alerta internacional emitida por plataformas digitales.

La audiencia de control de detención y juicio abreviado se desarrolló este miércoles 7 de mayo ante la jueza Dra. Mabel Moya. En representación del Ministerio Público Fiscal actuaron el fiscal Dr. Pablo Martín y el ayudante fiscal Dr. Federico Pereyra, junto al colaborador Federico Ariel Martínez.

La causa tuvo su origen luego de que Instagram/Meta realizara un reporte ante el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), organismo internacional encargado de recepcionar alertas vinculadas a delitos contra menores en entornos digitales. El reporte advertía sobre conductas compatibles con grooming por parte del usuario “joel.0000000000”.

A partir de allí, la UFI de Delitos Informáticos y Estafas desplegó una compleja tarea investigativa orientada a identificar al responsable detrás del perfil denunciado. Mediante el análisis de direcciones IP, correos electrónicos de recuperación de cuentas, registros aportados por Google y datos telefónicos, los investigadores lograron establecer que el sospechoso era Joel Medina, de 21 años, domiciliado en la localidad bonaerense de 9 de Julio.

La pesquisa permitió además reconstruir la modalidad utilizada por el imputado para captar a las víctimas. Según se acreditó en la investigación, el contacto inicial se producía a través del videojuego Free Fire y luego se trasladaba a Instagram, donde el agresor mantenía videollamadas de contenido sexual y solicitaba imágenes inapropiadas a menores de edad.

Las víctimas, dos niñas de 12 años, prestaron declaración durante la investigación y aportaron elementos fundamentales para avanzar con la causa.

Uno de los aspectos destacados del caso fue la coordinación operativa entre las autoridades judiciales de San Juan y el Ministerio Público de Buenos Aires, que permitió concretar un allanamiento por exhorto en la provincia bonaerense el pasado 5 de mayo. Durante el procedimiento se produjo la detención del imputado y el secuestro de dispositivos electrónicos.

En el análisis preliminar del teléfono celular secuestrado, los investigadores detectaron además material de abuso sexual infantil almacenado en el dispositivo, lo que derivó en la incorporación del delito de tenencia de material de abuso sexual infantil a la causa.

Personal de la Brigada Policial de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos de San Juan se trasladó hasta la Provincia de Buenos Aires para llevar a cabo la medida en colaboración con policía bonaerense, procediendo luego al traslado del imputado a la capital sanjuanina. Esto se dio en fecha 06/05/2026 con el objeto de quedar a disposición de la Justicia local.

Durante la audiencia, la magistrada resolvió tener por formalizada la Investigación Penal Preparatoria contra el imputado por los delitos de grooming y tenencia de material de abuso sexual infantil, ambos en concurso real y en calidad de autor material.

Asimismo, se homologó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre las partes y se condenó a Joel Medina a la pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional.

Como reglas de conducta impuestas por el Tribunal, el condenado deberá fijar residencia en la provincia de Buenos Aires, realizar tratamiento psicológico y talleres vinculados a nuevas masculinidades, además de acreditar continuidad laboral. También se ordenó el decomiso del teléfono celular secuestrado durante el allanamiento.

La investigación pone en evidencia la importancia de las herramientas tecnológicas aplicadas a la persecución penal de delitos digitales y el trabajo coordinado entre jurisdicciones para identificar agresores que operan en entornos virtuales y proteger a niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de violencia digital.