El no envío de fondos para educación y transporte a las provincias comenzó a entrar en crisis dentro del gobierno. Es que ningún funcionario de la Casa Rosada quiere poner la firma a esa decisión con olor a venganza que tomó Javier Milei.
Ni siquiera el propio ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, firmó aunque sea una resolución ministerial que le dé respaldo legal a la quita de fondos a las provincias.
El problema es que tanto el Fondo de Incentivo Docente como el Fondo Compensador para el Transporte del interior están respaldados por leyes votadas por el Congreso.
Por eso, quien firme un decreto o resolución que ordene su suspensión sabe que no tardará en enfrentar una demanda por incumplimiento de deberes de funcionario público. En efecto, no son pocos los gobernadores que creen que la estrategia de Milei y Caputo es postergar el pago de esos fondos, aduciendo una indignación por la caída de la ley ómnibus, para ganar tiempo y poder mostrar al FMI un déficit cero hasta que entren los dólares de la cosecha de la soja. Y mientras tanto licuar lo adeudado con la inflación al 20% mensual.
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